Devolver a Cuba a lista de países que apoyan el terrorismo desacredita política exterior de EE. UU.

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Por Arturo López-Levy
Desde Oakland, California

Desafortunadamente el ataque al Capitolio de los partidarios de Trump, alentados por el incitador en jefe, no será su última barrabasada. Trump insiste en causar tanto daño como sea posible a los intereses y valores de Estados Unidos. No solo está saboteando una transición ordenada, sino que insiste en sembrar obstáculos al mandato dado por el pueblo estadounidense a la administración entrante. El lunes, la administración Trump incluyó injustificadamente a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, y este martes Trump celebrará la supuesta conclusión del muro en la frontera con México. Nadie sabe el precio que Estados Unidos tendrá que pagar por la próxima irresponsabilidad de Trump y sus sicofantes. 

Pocos cómplices en ese desastre emulan con el secretario de Estado (canciller) Mike Pompeo. En diciembre, Pompeo anunció que la transición presidencial en enero sería “al segundo periodo de la administración Trump”. El sueño de la coronación se le tornó en pesadilla. El 20 de enero de 2021, Pompeo saldrá de Foggy Bottom como uno de los últimos miembros del gabinete, carente de la mínima vergüenza de renunciar. Después de la insurrección contra el Congreso, rama de la que él mismo formó parte, Pompeo trata de compensar su falta de coraje con una ráfaga de torpedos contra políticas anunciadas por el presidente y la vicepresidenta electa. Tanto Joe Biden como Kamala Harris han aclarado que ven la política de los últimos dos años del presidente Barack Obama como la más apropiada para actuar con la dignidad de una potencia democrática en la relación con Cuba y la interacción sobre las isla con otros estados de la comunidad internacional. 

 

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Acción de Pompeo en realidad debilita lucha antiterrorista

La inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado es una distracción que intenta comprometer los recursos de Estados Unidos contra una amenaza que no existe. Tal irresponsabilidad tiene el efecto colateral de desacreditar un instrumento de política exterior norteamericana que podría ser útil para señalar ante la comunidad internacional a algunos estados por colaborar con el terrorismo. ¿Quién puede creer en la seriedad de esta lista cuando los argumentos para incluir a Cuba no pueden ser más pedestres? 

El “argumento” de que Cuba es aliada del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para catalogarla como patrocinador del terrorismo carece de todo asidero. El gobierno de Maduro está sentado en las Naciones Unidas y lo más probable es que en los próximos meses sea reconocido de nuevo por la Unión Europea que ya ha categorizado a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional “saliente”. Si el Departamento de Estado quiere hacer una lista de países aliados de Venezuela puede empezar por Rusia, China y otros más.

Cuba, condenada por apoyar proceso de paz en Colombia

El segundo pretexto de Pompeo para traer a Cuba de vuelta a la lista es que Cuba no extraditó a Colombia a diez líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que estaban en la Habana como parte del diálogo entre esa guerrilla y el gobierno colombiano. Noruega, aliado de Estados Unidos en la OTAN, y co-acompañante con Cuba de las conversaciones, ha reiterado que las garantías de seguridad a los guerrilleros fueron parte del protocolo de negociación adoptado por los mediadores con el consentimiento del gobierno colombiano. No solo Cuba no ha cometido ni apoyado ningún acto de terrorismo internacional acorde a la base de datos sobre el tema recolectada por el Consorcio Nacional para el Estudio del Tterrorismo y Respuestas al Terrorismo (Start, por su sigla en inglés). Cuba contribuyó al proceso de paz en Colombia como ningún otro estado. 

Si en lugar de bloquear a Cuba, la administración Trump hubiese continuado la política de interacción del presidente Obama, que incluyó la presencia de Bernie Aronson, ex subsecretario de Estado para Asuntos hemisféricos bajo el presidente Bush (1989-1993) como representante de EE.UU, quizás hoy el diálogo auspiciado por Noruega entre el gobierno y la oposición venezolana hubiese avanzado con el apoyo de aliados de las partes en conflicto. Otro tanto podría decirse del diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano que más temprano que tarde tendrá que ser reanudado como la vía óptima para desmovilizar esta guerrilla y los disidentes de las FARC que se mantienen en armas en el territorio colombiano. 

Estados Unidos ha dado refugio a conocidos terroristas

La tercera “razón” argumentada por Pompeo se refiere a que Cuba no ha extraditado a un grupo de perseguidos por los tribunales estadounidenses por acciones terroristas contra las autoridades norteamericanas. Habría que recordar que entre Cuba y Estados Unidos no está vigente un acuerdo de extradición firmado desde 1904 porque Estados Unidos detuvo su aplicación en 1959 para proteger a fugitivos de la Revolución que estaban primariamente asociados con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. El acuerdo regulaba la extradición recíproca de violadores de las leyes de ambos países, excluyendo a aquellos en actividades políticas no violentas. 

Al abordar el reto de la normalización de relaciones, los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro decidieron mover la relación difícil entre los dos países a una fase más manejable que re-litigar disputas que tenían su origen en tiempos de la guerra fría. 

A lo largo de más de seis décadas, EE. UU. ha conferido asilo político a centenares de individuos envueltos en actividades violentas contra Cuba o incluso en el propio Estados Unidos, calificadas por su propio Departamento de Justicia como terrorismo. Bajo diferentes administraciones estadounidenses, criminales como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles no fueron extraditados ni a Cuba, Venezuela o Italia (país de la víctima de uno de los ataques reivindicados en autoría por Posada), ni juzgados en EE. UU. como dictan varias convenciones contra el terrorismo de las que Estados Unidos es signatario. Bosch y  Posada fueron los organizadores de la voladura en el aire de un avión de Cubana de Aviación con 73 pasajeros a bordo. 

Entre las personas demandadas por Estados Unidos destaca el caso prominente de Assata Shakur, a quien se le acusa de estar envuelta en la muerte del policía Werner Foerster en Nueva Jersey como parte de su militancia en el Black Liberation Army (Ejército de Liberación Negra). Todos los pedidos de extradición de Estados Unidos existían antes de la salida de Cuba de la lista del Departamento de Estado en mayo de 2015 y la reanudación de relaciones diplomáticas entre la Habana y Washington. En todos los reportes del Departamento de Estado  después de 2010 sobre la inclusión de Cuba en la lista antes de su salida no se mencionaba el caso de Shakur, ni otros casos. Políticos prominentes del caucus afroamericano en el congreso como la congresista Maxine Waters (demócrata de California) habían dirigido cartas al gobierno cubano y a las autoridades norteamericanas denunciando la prominencia del caso como una vendetta política que olvidaba el contexto de los grupos por los derechos civiles de los afroamericanos en décadas pasadas y las acciones ilegales desde el gobierno contra los mismos como el proyecto Cointelpro. 

Reconocer avances de cambio de liderazgo en Cuba

El acto irresponsable de Pompeo brinda al nuevo secretario de Estado bajo Biden el fácil recurso de desmontar sin contemplaciones el intento de torcer la imagen oficial de Cuba en los Estados Unidos. Los daños potenciales de la designación a la política enunciada por Biden y Harris hacia Cuba son notables. Un diagnóstico que mira a Cuba como una amenaza a la seguridad de EE. UU. distrae de un enfoque realista que mire a la isla como un país en medio de una importante transición económica y de liderazgo, con importantes consecuencias tanto para su futuro como oportunidades para un nuevo comienzo con Estados Unidos. Raúl Castro se retira de su posición cimera en el Partido Comunista y el liderazgo cubano pasa a una nueva generación. ¿Qué sentido tiene partir de un diagnóstico falso para afrontar esta nueva realidad?

Ganancias económicas a costa de una política fallida

Tratar a Cuba como país patrocinador del terrorismo abre de nuevo los tribunales de Estados Unidos, particularmente los del sur de la Florida, a juicios oportunistas en los que abogados inescrupulosos usan la condición de inmunidad soberana limitada, asociada a la presencia de un país en la lista, para obtener jugosas ganancias en procesos legales a los que Cuba no se presenta. Esos juicios producen fallos judiciales a favor de demandas millonarias contra Cuba que hacen intratable el difícil tema de las compensaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

Un efecto de esos juicios sería desacreditar a los Estados Unidos ante la población cubana. La administración Obama dejó (contra el criterio de los sectores más recalcitrantes dentro del aparato ideológico del PCC que emprendieron una campaña para presentar al primer presidente afroamericano como “un lobo cubierto de piel de oveja”), una imagen de frescura y apertura en la relación con Cuba más allá de la historia de conflictos y desavenencias. Esa imagen de un cambio en el que se puede creer, contrasta con la postura de corte imperialista de Trump hacia Cuba y otros temas. La administración Biden no solo debe revivir la cancelación de las demandas bajo el Capítulo III de la Ley Helms, sino también cerrar la posibilidad de esas caricaturas ofensivas al estado de derecho, como son los juicios a Cuba con inmunidad limitada por motivos de una denominación inmerecida de “terrorismo”. 

Precedentes de manipulación ideológica de la imagen cubana

Con un retorno rápido a un rumbo de acercamiento, Biden tiene la oportunidad de ratificar la separación entre un presidente como Trump enganchado a la ley Helms-Burton y los mejores valores de la democracia estadounidense representados por la mano abierta al diálogo que Obama tendió en la Habana en 2016. La población cubana conoce al dedillo todas las agresiones, la hipocresía y la falta de estándares de civilidad que caracterizó las políticas imperiales de guerra sucia contra Cuba. El designar gratuitamente a Cuba como país patrocinador del terrorismo revive en la memoria de muchos cubanos la operación Northwoods, cuando la junta de jefes del Estado Mayor de las fuerzas armadas norteamericanas propuso actos terroristas de falsa bandera en los que supuestos cubanos atacarían a EE. UU. brindando un pretexto para invadir Cuba. 

Biden debe dar continuidad a política de Obama

A pesar de todo eso, la imagen del primer presidente afrodescendiente y su decisión última de proponer un rumbo de convivencia civilizada hacia Cuba, le confirió a Estados Unidos y al Partido Demócrata una reserva de buena voluntad entre muchos cubanos. No hay nada más dañino al poder suave que la decepción. El equipo de Biden debería tenerlo en cuenta, siendo desde el principio y con dramatismo, un factor de cambio, nunca de continuidad con la política de Trump. Los partidarios de Trump tratarán de crucificar a Biden por lo que haga, sea un gesto pequeño o grande. Para citar el propio dicho católico del presidente electo, “no tiene sentido inmolarse en una cruz pequeña”. El equipo entrante debe retornar en grande a la política planteada por Obama en su orden presidencial de octubre de 2016.

Si la administración Biden quiere mandar un mensaje de compromiso a un enfrentamiento serio al terrorismo, y su apuesta por el multilateralismo, sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo es un caso de prueba. La idea de que Biden tiene prioridades distintas de Cuba en su agenda es un pretexto insostenible. El secretario de Estado entrante, Anthony Blinken, no debe otorgar impunidad a las trampas que Pompeo ha puesto en su camino. La nueva administración no le debe nada a los exiliados cubanos de derecha en la Florida, interesados en manipular la lista para golpear a Cuba. Es una cuestión del elemental profesionalismo diplomático invocado por la administración entrante que el caso de Cuba sea revisado con criterio técnico y no-partidista. ¿Ha estado Cuba involucrada, después de su salida de la lista en 2015, en el patrocinio de alguna organización o acto terrorista? Si la respuesta es no, Cuba debe salir de la lista inmediatamente.

Arturo López-Levy es Senior Research Fellow del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, en sus siglas en inglés). Es profesor de relaciones internacionales y política en la Universidad Holy Names in Oakland, California. Es autor de “Raul Castro and the New Cuba: A Close-up of Change”. Twitter, @turylevy. 

[Foto principal: mientras EE. UU. acusa a Cuba de terrorismo, los médicos cubanos de la Brigada Henry Reeve colaboran con varios países del mundo para llevar atención médica a poblaciones en riesgo. Crédito: Diario Granma Internacional].