De la indignación social a la organización política en Panamá
Por Abdiel Rodríguez Reyes
Ciudad de Panamá
En un contexto global, ya sabemos que estamos en medio de una pandemia (COVID-19) sin parangón en nuestra historia reciente, y una guerra entre Rusia y Ucrania que incrementó el precio de la gasolina y la incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Si bien ambos hechos históricos afectan el discurrir de los países, tampoco puede ser la excusa eterna para tener en ascuas al país entero. Lo cual ha despertado una indignación generalizada.
La Coalición Unidos por Colón (CUCO) el 9 de mayo inició una huelga en la provincia de Colón por el deterioro de las instituciones, las obras públicas, otras inconclusas, entre otras cosas. Luego, a mediados de mayo un grupo de organizaciones populares y sindicales entregaron un pliego de treinta y dos peticiones en la Presidencia de la República de Panamá. Entre los cuales cabe resaltar, el alto precio del combustible, el congelamiento del precio de los productos de primera necesidad y mejorar los servicios de la Caja de Seguro Social.
Entre finales de junio e inicios de julio diversos sectores, entre pescadores, camioneros, docentes, movimientos sociales y populares, empezaron a alzar la voz por el alto precio del combustible. Lo cual dio paso a la formación de los grandes frentes que aglutinan al mayor número de agrupaciones, entre ellos la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que aglutina a varios sindicatos y organizaciones populares, y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado. La primera alianza tiene su epicentro en la ciudad de Panamá. La segunda se concentra en la provincia de Veraguas. Entre un lugar y otro tenemos 189 kilómetros. Estos son los dos grandes frentes de lucha que agrupan a diversas fuerzas.
Esta situación no inició en mayo. La crisis actual en Panamá no es solo el resultado de la falta de respuestas concretas y satisfactorias por parte del actual Gobierno. Es la consecuencia de más de cuarenta años de políticas neoliberales y más de tres décadas de hegemonía de partidos de derecha. Estas políticas y estos partidos son los que tienen al país imbuidos en esta crisis, coyunturalmente marcada por el hartazgo de la población en general.
Sabemos muy bien que estamos en el marco de una pandemia y una guerra que afecta el desenvolvimiento de los países, pero no podemos estar eternamente echándole la culpa y no resolver los problemas. No hay confianza en el Gobierno. Podrán hacer cientos de esfuerzos de propaganda, pero la afección continúa y la desconfianza aumenta. Para que el Gobierno logre un acuerdo nacional tendrá que tomar medidas drásticas y determinar de qué lado de la historia quiere estar. De lo contrario la única vía que tiene es manipular, agotar y reprimir. Por donde veamos el asunto, no pinta bien para el presidente Laurentino Cortizo. Y, mientras más tarde en dar respuestas satisfactorias, concretas y medibles a corto plazo, cada día es un sector más, una demanda más, un descontento más.
Un sector poderoso financiero que impide reformas
A tres años del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, las cosas no pintan bien. Todo el país, de frontera a frontera, está en pie de lucha. Diversos sectores de la sociedad, como educadores, pescadores, camioneros, taxistas, buseros colegiales, sindicatos, pequeños productores, estudiantes, alzan su voz. Y cada día se suman más sectores. Los motivos inmediatos: el alto costo de la gasolina y el acceso a la canasta básica. Los ministros no dan respuestas a los problemas y algunos, cubriéndose en que no hay presupuesto, no pueden resolver los problemas. Por otro lado, los temas de fondo: la abultada deuda pública (más de 40 mil millones de dólares[1]), las políticas neoliberales, las instituciones financieras internacionales y la hegemonía de un sistema de partidos de derecha. Este sistema actúa como reflejo, entre otras cosas, de los intereses del poder económico que imposibilita reformas de fondo, como una reforma tributaria progresiva y la transición hacia una democracia participativa.
Las intermitentes y constantes manifestaciones de diversos sectores sociales y populares coyunturalmente son más por falta de respuestas que por alguna acción en concreto del Gobierno. En otrora, las luchas se articulaban contra alguna ley, reforma o medida, como las multitudinarias manifestaciones contra la reforma a la Caja de Seguro Social en el quinquenio de Martín Torrijos, o la “Ley chorizo”[2] de Ricardo Martinelli. Ahora se deben a la falta de respuestas a las demandas que atosigan a la sociedad.
Diálogo para no cambiar nada
Si algo caracteriza a la administración del presidente Cortizo es la proliferación de diálogos como el Pacto del Bicentenario[3] y el de la Caja de Seguro Social que, si tuvieron alguna buena intención, se diluyeron en el aire. Además, se han creado diversas mesas de alto nivel sin respuestas satisfactorias. En ese sentido, no se trata de dialogar por dialogar, sino de encontrar respuestas factibles a demandas concretas.
Es palpable un problema de factibilidad en estos ejercicios. Porque establecer un diálogo o mesa sin respuestas factibles, satisfactorias y medibles es una mera abstracción. La lectura que están haciendo estos sectores sociales y populares es que se trata de dilatar todo para no cambiar nada.
No se requiere de ninguna teoría sofisticada para entender lo que está pasando en el país. La misma comunidad se autoorganiza en función de sus intereses inmediatos. Los problemas saltan a la vista, las necesidades básicas en la vida cotidiana implosionaron. Como ya hemos mencionado, existen problemas de fondo y también otros inmediatos como la falta de pago a algunos trabajadores del sector salud y la poca inversión en educación, incluyendo el incumplimiento del artículo 124 de la Ley 47 Orgánica de Educación que establece un presupuesto no menor del 6% del PIB[4]. Hay otros problemas tan concretos como la ineficiente recolección de la basura y las carreteras intransitables, lo cual demuestra, además, una limitación de agencia de algunos funcionarios quienes técnicamente no han realizado su trabajo.
Esto ha minado al país entero, y cada día se van sumando nuevos actores políticos. Por su carácter intermitente esto puede variar, pero en la coyuntura seguirán apareciendo más conatos de incendio. Cualquier intento de sofocarlos sin tocar los temas de fondo, solo será “barrer debajo de la alfombra”. La astucia de la razón seguirá su curso.
Si el Gobierno tiene una autoimagen de que sí está resolviendo los problemas y los funcionarios continúan evadiéndolos, empeorará la situación. En cambio, si aceptan como legítimas aquellas demandas de quienes protestan, las cosas podrían mejorar. Pero la experiencia nos muestra lo contrario. Lo único seguro será el aumento de la represión y los intentos de dilatar mediante diálogos abstrusos las diversas, intermitentes y constantes manifestaciones sociales y populares a lo largo de todo el país.
Para que un diálogo funcione debe incluirse a la mayor cantidad de partes interesadas. También se necesita simetría, inteligibilidad y veracidad. Es decir, igualdad de condiciones, un lenguaje técnico entendible, cuyo contenido discursivo sea veraz. Estas son las condiciones mínimas para el funcionamiento del diálogo. Enunciar una supuesta solución, no es la solución. Para su efectividad necesitamos medir sus efectos a corto plazo dado la inminente afección, en este caso, por los altos costos del precio de la gasolina y la canasta básica.
En términos generales ya no hay confianza en el Gobierno, y en particular en los diálogos, mesas, etc. Los antecedentes inmediatos (CSS y Colón) muestran la poca efectividad de estos. Las actuales circunstancias requieren de respuestas concretas, factibles, satisfactorias y cuantificables a corto plazo. El pueblo en general tiene un mismo objetivo en común: bajar los precios de combustible y la canasta básica; pero esta lucha no sólo es por eso, también es por la vida.
Medidas insuficientes
Las medidas tomadas por el Gobierno como bajar el combustible a 3.95 dólares por galón no son efectivas, cuando la propuesta de los frentes de lucha plantea 3 dólares. Además, el congelamiento parcial del precio de diez productos de la canasta básica alimentaria, como el plan piloto (MedicSol) en el que los asegurados puedan adquirir los medicamentos en farmacias privadas cuando en la CSS no hay esos medicamentos, tampoco ha resuelto el problema cotidiano de quienes buscan sus medicinas. Tampoco ha resuelto el problema de fondo del oligopolio de las cadenas de distribución de medicamentos. Las medidas de “austeridad” del Gobierno tampoco están muy claras y tampoco vemos cómo eso podría revertir inmediatamente en una solución concreta y medible a corto plazo. Si el Gobierno fuese consecuente con la “austeridad”, empezaría con los altos salarios de ministros consejeros, directores y asesores.
Si no vamos a discutir los temas de fondo, el diálogo no funcionará. Si el Gobierno ya tiene una agenda previa, tampoco. Es necesario estar abiertos para encontrar alternativas concretas y satisfactorias para quienes legítimamente están protestando. Vemos con dificultad que esas medidas puedan satisfacer a quienes hoy se manifiestan. Como todo, también hay agotamiento y llegará a un punto en que será evidente. Los diálogos propuestos por el Gobierno en lo que va de los días del 4 al 14 de julio, ninguno ha terminado en buenos términos o simplemente no se realizan. Ni la dilación, ni las apps resolverán los problemas.
Organizar la indignación en un solo frente
Tampoco podemos pasar por alto el descontento de mayor arrastre de los movimientos sociales y populares orgánicos que no luchan solo en la coyuntura, sino contra la estructura misma neoliberal del Estado. Si ambas luchas se unieran en su diversidad, sí pondrían en aprietos al Gobierno. Pero aún no se ha logrado organizar la indignación en un solo frente. Pero mientras más avanzan las contradicciones, más posible es un solo frente de lucha a pesar de sus múltiples expresiones.
Teniendo en cuenta lo señalado al inicio, a tres años del actual Gobierno, vemos muy difícil que la gestión restante satisfaga a la población. Lejos de eso, lo que estamos presenciando es la caída de la popularidad del presidente Cortizo[5], producto en gran parte por falta de respuestas y acciones concretas del Gobierno ante las demandas sociales.
Además, en términos generales estamos ante una crisis estructural de nuestro sistema de partidos con una hegemonía de derecha, que en lugar de resolverse puede restructurarse y seguir operando en función de sus intereses de clase. La experiencia regional, como los casos de Chile y Colombia, mostró que luego de multitudinarias manifestaciones, los movimientos sociales y populares en su diversidad, encontraron la unidad para contar con un candidato propio a las elecciones, saliendo victoriosos luego de largas décadas de neoliberalismo en ambos países. En ese escenario, el progresismo gana terreno y hace de la democracia algo más real como expresión de nuestras formas ideológicas.
Ante esta “situación chispeante”, como dice el dirigente Alfredo Graell de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la vía es organizar la indignación, aprovechando la acumulación histórica y coyuntural, con miras a sentar las bases para un proyecto político alternativo. No es del interés del Gobierno resolver algunos problemas, ni siquiera están en su agenda. La tarea colectiva en lo táctico sería pensar en las próximas elecciones, y en lo estratégico en las profundas transformaciones que requiere el país.
La solución parcial es bajar el precio del combustible y la canasta básica; pero esa no es la solución integral, ya que si se quita un impuesto para traspasarlo a otro rubro, igual se verá afectada la población. Si se endeuda al fisco mediante préstamos internacionales, tendremos que pagarlos en algún momento. Una solución integral implica otros factores de mayor alcance, como un impuesto progresivo a las ganancias excesivas, la transparencia fiscal y frenar la corrupción. Juana Camargo y Maribel Gordon llamaban a un debate público sobre propuestas concretas más allá de las recetas neoliberales. Todos estos aspectos nos conducen a plantearnos lo siguiente: un país mejor es posible si organizamos la indignación.
Esta organización tiene que transitar de lo social a lo político, de lo reivindicativo a lo propositivo. Traducir la indignación social en propuestas políticas. Esa es la lucha por la vida. En la cual la comunidad autoorganizada, la Alianza del Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y el Pueblo Ngäbe juegan un papel fundamental. Como señala la Constitución Política de la República de Panamá: “El Poder Público sólo emana del Pueblo”.
Abdiel Rodríguez Reyes es Doctor en Filosofía y miembro del Polo Ciudadano Panamá.
[1] “MEF: Panamá cerrará el 2021 con una deuda de 40 mil millones de dólares”. Véase en línea https://www.telemetro.com/nacionales/mef-panama-cerrara-el-2021-una-deuda-40-mil-millones-n5261944
[2] Ley que buscaba coartar el derecho a huelga. Entre otras disposiciones antipopulares.
[3] Al cumplirse 200 años de la Independencia de Panamá de España, el actual Gobierno junto a diversas instituciones y organismos institucionales luego de una consulta nacional, recogieron miles de ideas ciudadanas y redactaron un informe que en términos generales es bastante aceptable, ya el presidente Cortizo ha dicho que les corresponderá a los próximos gobiernos implementar esas medidas. Véase en línea: https://www.agora.gob.pa
[4] Eso evidencia la incapacidad de muchos gobiernos y de ese ministerio en particular. Siquiera cumplen con la Ley, por lo cual no hay presupuesto para nuevas escuelas, reparación y las condiciones infraestructurales para su buen funcionamiento.
[5] El 67% desaprueba la gestión del presidente Cortizo, más que el año anterior. Véase en línea: https://www.panamaamerica.com.pa/politica/el-67-desaprueba-gestion-de-cortizo-18-puntos-mas-que-en-marzo-pasado-1197000