La libertad de expresión en Ecuador: presa del enfrentamiento

Avances

  • El Presidente Rafael Correa transforma a los medios privados de comunicación y a sus periodistas en los acérrimos adversarios de su Gobierno.
  • La sentencia condenatoria pronunciada contra el periódico El Universo enciende alrededor del mundo la ira de los defensores de la libertad de expresión, quienes acusan al Presidente de ser un “aprendiz de tirano”.
  • El escritor de columnas de opinión Emilio Palacio se encuentra exiliado en Miami, mientras que varios periodistas se han visto obligados a renunciar por supuestas presiones del Gobierno.

Resumen
El Gobierno de Ecuador es guiado por ciertas tendencias latinoamericanas que culpan de todos los males a los medios de comunicación y a sus periodistas. Esta siniestra situación predomina en Ecuador desde que Rafael Correa asumió la presidencia de la República en 2007. Sin embargo, dado que el país andino tiene una larga historia de atropellos a los derechos de informar, opinar y disentir, es injusto afirmar que la libertad de expresión y los medios de comunicación se encuentran por primera bajo el fuego del poder político. En esta oportunidad, la diferencia radica en que las afrentas contra uno o dos periodistas se extienden sin excepción a la totalidad de los propietarios de medios privados de comunicación y a sus profesionales. Ante la falta de un adversario político de peso, son los medios el rostro visible de la oposición al Gobierno, que los critica e insulta por publicar información contraria a los dichos y hechos del Presidente. El último capítulo de este enfrentamiento está escrito en la sentencia condenatoria dictada contra el periódico El Universo, obligado a abonar 40 millones de dólares al primer mandatario por injurias y calumnias. Dos de sus propietarios han sido sancionados con la pena de prisión y el exeditor de la página de opinión Emilio Palacio se encuentra exiliado en Miami a fin de evitar su encarcelamiento. Su pena de prisión ha sido suspendida provisionalmente, mientras el periodista aún combate desde Miami lo que él denomina “dictadura”.

Durante la historia de Ecuador, la libertad de expresión ha recorrido un sendero plagado de amenazas y afrentas del poder. Tras el retorno a la democracia en 1979, León Febres Cordero es considerado uno de los presidentes que más ha abusado de su autoridad al avanzar contra la libertad de expresión. Desde entonces no han sido pocos los jefes de Estado ­(como Sixto Durán Ballén, Gustavo Noboa, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez­­) que han clausurado estaciones de radio, acusado a los periodistas de corrupción o instado a la quema de ejemplares de periódicos. Por ejemplo, aún permanece en la memoria colectiva aquel noviembre de 2003 cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez acusó al diario El Comercio de ser un pasquín y sus seguidores quemaron públicamente cientos de ejemplares de ese periódico.[1] Tampoco dista demasiado aquel abril de 2005 cuando el expresidente Abdalá Bucaram, durante su fugaz retorno desde el exilio en Panamá, advirtió: “Vengo al Ecuador a componer esta prensa que desinforma y que abre la trompa cada vez que la oligarquía le da de comer”[2].

Con el arribo al poder del Presidente Rafael Correa se quebró la relación entre los medios de comunicación y el poder político. El primer mandatario tilda a los medios privados y a sus periodistas de “corruptos”, “mediocres”, “mentirosos” y “sicarios de tinta”. Ante la falta de adversarios políticos, Correa transformó a los medios privados en sus mayores rivales. Por su parte, los medios no demostraron la entereza necesaria para enfrentar a un contrincante tan impredecible, de modo que cayeron en la trampa de Correa al asumir su función de implacables opositores. Desde el principio del Gobierno de Correa fue notoria la intolerancia del Presidente para con los medios de comunicación. Según el primer mandatario, “esa es una prensa corrupta que no busca la verdad […]. Si nosotros decimos blanco, ellos tienen que decir negro, sólo para desgastar al Gobierno.”[3] Los medios de comunicación, a su vez, reflejan diariamente aquella hostilidad criticando todo lo que aparente amoldarse a la ideología correísta. Con el transcurso del tiempo, el desprecio y la desconfianza entre ambos actores han crecido al extremo de activar el alerta sobre la violación a la libertad de expresión en Ecuador.

Periodistas como Carlos Vera, Jorge Ortiz, Carlos Jijón y José Hernández fueron obligados a renunciar a su puesto a raíz de supuestas presiones del Gobierno. Emilio Palacio, exeditor de la página de opinión del periódico El Universo se encuentra exiliado en Miami desde el 23 de agosto. En apariencia, su vida y libertad corrían peligro desde que el juzgado concedió la demanda interpuesta por el Presidente Correa. Tal resolución judicial impone una pena de tres años de prisión tanto a Emilio Palacio como a ­Carlos César y Nicolás Pérez­­, los propietarios de El Universo. La sentencia exige asimismo que el periódico abone 40 millones de dólares por las “injurias” y “calumnias” proferidas contra la dignidad del Jefe de Estado.

Emilio Palacio, medio hermano del expresidente de la República Alfredo Palacio, apenas arribado a Miami publicó una carta abierta donde aseguró que temía por su seguridad a causa de lo que él denomina “la dictadura”. Desde su nueva atalaya en el exilio, Palacio acusa a Correa de ser “un monstruo sin ética. Aparenta ser bueno con sus títulos universitarios, pero desde el principio ha sido un tirano como […] Idi Amin”.[4] Tan profundizado está el enfrentamiento que Palacio, en conversación con COHA, no reconoció que el Gobierno de Correa actúe de manera positiva. Es un régimen de “asesinos, ladrones e ineptos y de eso nada bueno puede salir. ¿Hay alguien que diga qué hizo de bueno Idi Amin? Puede que Correa no sea un dictador africano, pero tiene esa personalidad”[5].

Al publicarse el seis de febrero pasado, la columna de opinión de Palacio desató la ira gubernamental y motivó al Presidente a entablar una demanda contra El Universo y contra el autor de la pieza periodística en cuestión. El artículo, títulado “No a las mentiras”, describe los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, cuando se perpetró un supuesto intento golpista en Ecuador. En su escrito, Palacio varias veces se refiere a Correa como “el dictador” y lo acusa además de “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”.[6] Así es como se alcanza raudamente la cúspide de una animadversión que se origina en 2005, cuando Correa es nombrado Ministro de Economía, y que se torna evidente en mayo de 2007, cuando el periodista y el mandatario se ven involucrados en una discusión carente de cortesía, respeto y altura intelectual que concluye con la expulsión de Palacio de la oficina presidencial. Desde entonces, Correa arremete contra todos los periodistas de medios privados, pero con especial encono contra Palacio e insultos en ocasiones rayanos en la vulgaridad. “No hay tolerancia, para Correa la solución es meter presos a todos los periodistas que lo critican. Hay que insistir en el debate de que si es correcto sancionar con la cárcel a un periodista cuando comete un error e insultarlo frente a las cámaras. Eso es lo que hace Correa”.[7]

La justicia acaba de confirmar la sentencia condenatoria dictada contra los propietarios de El Universo, pero suspendió la pena de prisión contra Palacio hasta tanto se revise la causa. El fallo fue acogido por el Presidente como justo porque su “dignidad” y “honestidad” resultaron ofendidas, pero manifestó que la pena podría revocarse en caso de que el periódico se rectifique públicamente, lo cual parece improbable. Palacio tampocó se disculpará e insiste en que lo ocurrido el 30 de septiembre “fue un plan preconcebido y un asesinato. Correa es el culpable de la muerte de seis o siete personas y por eso tiene que ir a la cárcel.”[8]

Más allá del desenlace de este agotador enfrentamiento verbal y judicial, la imagen de Ecuador ha quedado maltrecha. Un día después de la controvertida resolución del 20 de julio, todos los periódicos privados ecuatorianos denunciaron ante el mundo la implacable persecución contra periodistas y medios. También The Washington Post se hizo eco con un editorial sobre la sombría situación de la libertad de expresión en Ecuador: “Correa ahora procura destruir o acallar lo que resta de la prensa independiente, que contra su voluntad ha abordado temas como los contratos de cientos de millones de dólares concedidos a su hermano”.[9]  El Presidente ha construido asimismo un sistema de medios públicos de comunicación favorables con presupuestos que empequeñecen a cualquier adversario. “El gobierno controlaba una estación de radio cuando Correa asumió la presidencia en 2007, pero ahora es dueño de cinco canales de televisión, cuatro estaciones de radio, dos periódicos y cuatro revistas”.[10]

El exilio de Palacio, cuya categoría de opositor adquirió gran importancia merced a sus tempranas divergencias con Correa­­, suma toneladas de críticas de organismos nacionales e internacionales que velan por la libertad de expresión. Según José Vivanco, director para el continente americano de Human Rights Watch, “la condena penal de quienes critican al Presidente es un ataque frontal a la libertad de expresión en Ecuador” y añade que “castigar a un periodista y a [los] directores de un periódico por ‘ofender’ al Presidente probablemente genere un impacto muy negativo en los medios de comunicación y en el debate público en Ecuador”.[11]

Independientemente de donde provengan las acusaciones, los verdaderos peligros se manifiestan en la vulnerabilidad de la libertad de expresión y el riesgo subyacente de la autocensura periodística. Por temor a la persecución política y judicial, los periodistas ecuatorianos podrían abstenerse de publicar noticias desagradables para el Gobierno de Correa o de próximos mandatarios. Ecuador se encuentra en una coyuntura donde, según el catedrático Hernán Reyes, “se ha dado un proceso de satanización de doble vía. Es indudable que el Gobierno ha satanizado indebidamente y de manera generalizada a los medios y a los periodistas desde el inicio de su administración. Lo curioso es que la respuesta de los medios ha sido la misma”.[12] Mientras Correa sea presidente, la idea de tratar este tema producirá la misma impresión de inutilidad que un callejón sin salida. Al igual que en la guerra: nadie gana, todos pierden.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desde Lima acaba de incluir a Ecuador en la categoría de alerta máxima debido a su falta de respeto a la libertad de expresión. No es la primera vez y es de temer que no será la última que Ecuador sea percibido como un país donde el poder y la prensa están enzarzados en un combate violento y donde se atenta contra el derecho a disentir. Mientras en Ecuador permanecen bloqueados los canales de diálogo, los periodistas y los medios privados de comunicación siguen enfrentados contra un gobierno que ha demostrado intolerancia y poca receptividad ante la crítica. Sin embargo, también la prensa dispone de fustigadores que acusan a los medios de involucrarse un manejo sesgado de las noticias producidas por el Gobierno. Según el profesor universitario Alberto Maldonado, “otro recurso sipiano [por la SIP] es negar o no publicar informaciones que vayan en favor del ‘enemigo’ […] o cuestionar todo lo que es favorable al ‘enemigo’. A Correa, desde hace rato [cuatro años] le niegan ese espacio [la primera página] a menos que se trate de algo en su contra”.8

Por este sendero tortuoso transita la libertad de expresión en Ecuador, con épocas cuando la tolerancia al disentimiento aumenta, como durante los mandatos de los expresidentes Jaime Roldós, Rodrigo Borja o Alfredo Palacio, y con épocas cuando disminuye nuevamente. Con Correa, un personaje carismático, complejo y volátil, se demuestra más que nunca que la libertad de expresión, no solo para los medios y sus periodistas, sino también para todos los ciudadanos, es una obra que es necesario construir día a día. Correa asevera que su Gobierno es el que más respeta la libertad de expresión, lo cual es diametralmente opuesto a la verdad, porque precisamente durante su mandato se está viviendo un nuevo capítulo de malos tiempos informar y de opinar. No obstante, es también una equivocación creer que en Ecuador siempre ha existido una continuidad de la libertad de expresión y que Correa es el primero que se atreve a escindirla. En este tema, Ecuador ciertamente tiene mucha tela para cortar.

Por lo visto hasta la actualidad, el Presidente se equivocó en la forma y en el fondo al enjuiciar a los propietarios de El Universo y a Palacio. Amordazar a la prensa no es la manera de forzarla a obedecer los caprichos del poder. Los medios ecuatorianos, tanto con sus errores como con sus aciertos, contribuyen al mantenimiento del frágil equilibrio de la democracia, una noción que debería entrar en la consideración de un presidente admirado en el ámito internacional por sus logros académicos y recursos intelectuales. Asimismo, al pretender el desagravio de injurias y calumnias por medios pecuniarios, se tergiversa el mensaje de perseguir fines éticos y morales que Correa presuntamente desea comunicar. Al procurar judicialmente 40 millones de dólares con el supuesto fin de reivindicar su dignidad, Correa demuestra que sus intenciones son puramente terrenales. Con su proceder, lo que ha hecho el Jefe de Estado es perjudicarse a sí mismo, sin percatarse al mismo tiempo de la situación desfavorable en que recaen tanto Ecuador como sus ciudadanos.

Source: Ecuador Ecuatoriano

Este análisis fue editado por las analistas de COHA Lauren Paverman y Katie Steefel y colaborador Iván Ovejero

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