La importancia del decreto #899

Escrito por Felipe Galvis-Delgado, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos

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Desde la promulgación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el partido Centro Democrático (CD) del ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe ha criticado severamente el acuerdo, llamándolo una capitulación a las FARC. [i] En particular, el CD ha condenado el decreto #899 del Presidente Juan Manuel Santos, que otorga a los ex miembros de las FARC una serie de subsidios incluyendo un sueldo mensual equivalente al 90 por ciento del salario mínimo por 24 meses.[ii] Voceros del CD han criticado estas medidas cuales priorizan el bienestar socioeconómico de ex miembros de las FARC mientras los pobres en Colombia se vuelven más pobres. [iii] Siendo colombiano, concuerdo con el CD sobre la necesidad de invertir más en las comunidades marginalizadas del país. Sin embargo, el gobierno debe promulgar el decreto #899. En caso contrario, los ex miembros de las FARC no podrán integrarse a la comunidad colombiana y terminarán reintegrando en el círculo de pobreza y el narcotráfico.

Muchos colombianos, con toda la razón, no pueden entender porque el gobierno le dará ayuda financiera a gente que no hace mucho aterrorizaba el país. Las FARC contribuyeron en gran parte a las 200.000 muertes y las 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado[iv] durante el conflicto colombiano – ¿cómo puede el gobierno ayudar a ex miembros de las FARC ahora? Para entender uno tiene que considerar por qué las FARC se establecieron como un grupo de oposición al gobierno – desigualdad económica. Aunque las acciones de las FARC nunca podrán ser justificadas, es innegable que las FARC originaron por causa de la apatía del gobierno colombiano hacia las clases bajas.[v] Cincuenta y tres años después, el gobierno colombiano no puede cometer el mismo error. Si el gobierno no desarrolla condiciones habitables en las áreas empobrecidas, es probable que miembros de las FARC u otros grupos guerrilleros otra vez serán forzados a participar en actividades ilícitas para poder sobrevivir.

Colombia, un país que es separado geográficamente por la Cordillera de los Andes y socialmente por disparidades socioeconómicas, no se ha desarrollado completamente debido a la ausencia del gobierno federal en áreas rurales. De hecho, la mayoría de la riqueza financiera de Colombia está concentrada en las zonas urbanas del país. Al sur de Bogotá, la capital de Colombia, y en muchas áreas costales, el país sigue altamente subdesarrollado – al punto que muchos pueblos no reciben servicios básicos del estado.[vi] Por ejemplo, en la ciudad de Buenaventura, una ciudad costal en la cual 64 por ciento de la población urbana y 91 por ciento de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza, los locales no tienen agua potable, hospitales operacionales, ni una comisaría honesta y efectiva. [vii] En el departamento de Meta, al sur de Bogotá, solo hay 500 kilómetros de calles pavimentadas de un total de 7.500 calles registradas. [viii]  En general, más de 40 por ciento de colombianos que viven en zonas rurales viven en la pobreza. [ix] Ante estas terribles condiciones, las autoridades colombianas no pueden esperar que la comunidad rural del país, de donde la mayoría de los guerrilleros son oriundos, apoye al gobierno.

Si el gobierno anula el decreto #899, el empobrecimiento de las zonas rurales continuará. Básicamente,  es un ciclo perpetuo. Sin ayuda financiera, los ex miembros de las FARC, quienes generalmente no han recibido una formación académica porque fueron forzados a unirse a las FARC de jóvenes, no van a tener los recursos necesarios para apoyar a sus familias económicamente y tendrán que volver a involucrarse en actividades ilícitas para generar un ingreso. Desde su desmovilización, los ex miembros de las FARC han sido situados en zonas de concentración en las regiones rurales de Colombia. Aunque muchos campos han sido construidos exitosamente, otros ya han tenido problemas con el control de enfermedades, y reservas de agua insuficientes y contaminadas. [x] Adicionalmente, muchos de los ex miembros de las FARC ya han tenido problemas consiguiendo trabajo debido a que muchos empleadores no quieren contratar ex guerrilleros. [xi] Con estas condiciones y sin subsidios, ex miembros de las FARC no podrán escapar el ciclo de pobreza, violencia y narcotráfico.

La manera en que las FARC demostraron su oposición al gobierno colombiano a través de violencia y terror por medio siglo fue despreciable y nunca será perdonada ni olvidada. Sin embargo, el hecho que las provincias más afectadas por las atrocidades de la guerra votaron por el “Si” en el plebiscito de la paz dice mucho. La mayoría de colombianos en zonas de conflicto simplemente quieren paz. Esto solo ocurrirá si los ex guerrilleros se reintegran a la sociedad colombiana, cuyo es el objetivo del decreto #899. Por esta razón, el gobierno tiene que asegurarse que el decreto #899 sea implementado, pero al mismo tiempo tiene que escuchar al CD – mientras la inversión para la reintegración de los ex miembros de las FARC es necesaria, la inversión en las zonas pobres del país como Buenaventura es igualmente importante. Colombia tiene el potencial de asegurar armonía y estabilidad, pero para hacerlo primero debe cubrir las necesidades básicas de las comunidades más vulnerables del país.

Escrito por Felipe Galvis-Delgado, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos

Apoyo editorial adicional proporcionado por Emma Tyrou, Becario de Investigación, y Emma Pachon, Tobias Fontecilla, Martina Guglielmone, y Blake Burdge, Analistas del Consejo de Asuntos Hemisféricos

Imagen: Bogota Ciudad Bolivar                                                            De: Wikimedia

 

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[i] Javier Lafuente. “Uribe rechaza el nuevo acuerdo de paz entre el Govierno y las FARC y pide un nuevo plebiscito.” El País. November 2016.

[ii] “Presidencia de la república decreto ley número 899 de 2017.” República de Colombia. May 2017.

[iii] “‘Santos obsequia $3.565 millones a cabecillas Farc, mientras los pobres en Colombia cada día son más pobres’, Macías.” Centro Democratico. June 2017.

[iv] “Basta Ya! Colombia: Memories of War and Dignity.” Historical Memory Group. 2016.

[v] “Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army” Stanford University.

[vi] “A Tale of Three Countries.” The Economist. October 2015.

[vii] “Las seis deudas históricas por las que protestan en Buenaventura.” Semana. May 2017.

[viii] “A Tale of Three Countries.” The Economist. October 2015.

[ix] “Investing in Rural People in Colombia.” IFAD. August 2016.

[x] “Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Colombia.” United Nations Colombia Mission. June 2017.

[xi] Chris Kraul. “Colombia has a peace deal, but can it be implemented?” LA Times. March 2017.

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