La disputa sobre la Soya

• Reforma agraria paralizada mientras que el sucio expediente del presidente Lugo se sigue ensuciando, particularmente al fallar en su compromiso de dar tierra a los que no la tienen.
• La lucha campesina por tierra y el esfuerzo a medias de Lugo de adoptar una postura ante la omnipresencia de las agroindustrias en la sociedad y economía paraguayas.


Después de 35 años de la brutal dictadura de Alfredo Stroessner’s (1954-1989) y seis décadas perdidas bajo el mandato autoritario del Partido Colorado, la victoria presidencial de Fernando Lugo en 2008 marcó un gran avance político en Paraguay. Durante su campaña, el Obispo Lugo en aquél tiempo se autodenominó el “Obispo de los pobres” y dio esperanza a los indígenas y a las comunidades marginadas de Paraguay. No obstante, después de dos años en la presidencia, comparativamente se ha hecho demasiado poco para atender, en primer lugar, la prometida redistribución de la tierra a campesinos sin tierra y en segundo lugar, la creciente tensión entre los campesinos y los grandes productores de monocultivos, principalmente los de soya.

No hay duda de que la reforma agraria es actualmente el tema más importante en la agenda política del país. Sin embargo, este asunto controversial está muy lejos de ser resuelto. Esto sucede debido a la complejidad que implica el tomar control de la fuente económica más importante de Paraguay y a la vez enfrentar el flujo de inversión extranjera directa proveniente de las corporaciones multinacionales que han hecho negocios con el país.

Al examinar el conflicto asociado con la reciente bonanza que ha causado la soya y las compañías transnacionales detrás de su cultivo y exportación, se hace aparente que las personas que deberían tener la última palabra sobre la producción de la soya son los campesinos paraguayos. Estos campesinos están siendo desposeídos de sus tierras mientras que un impotente Lugo observa.

El 25 de marzo de 2010, miles de campesinos marcharon por las calles de Asunción para exigir el cumplimiento de las promesas que el presidente Lugo hizo durante su campaña. Campesinos de todo el país radicalizaron su lucha para revertir los tratos injustos y la violencia ejercida por las autoridades locales y por la policía en contra de los campesinos y los miembros de comunidades indígenas. Del mismo modo, marcharon para solicitar protección legal pero sin éxito. Pero, donde han tenido relativamente, el mayor éxito es logrando organizar de una manera más efectiva la visibilidad de sus protestas. El Secretario General de la Federación Nacional Campesina (FNC) Odilón Espínola dijo, “No podemos hablar de cambio si 80 por ciento de las tierras fértiles del país se encuentran en manos del uno por ciento de la población, mientras que 85 por ciento de los campesinos tiene acceso a sólo seis por ciento del total de los terrenos.” Como resultado, Lugo está preso entre dos grupos polarizados: el movimiento campesino y el Congreso, donde ambas partes del espectro político, conformado por el hostil Partido Colorado y los miembros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) están formando una alianza contra Lugo. Los miembros del PLRA están en conflicto con la élite terrateniente del país, y en general, están escépticos de las acciones bien intencionadas de Lugo. Como cereza en el pastel, Lugo debe lidiar con las crecientes tensiones en la frontera paraguayo-brasilera que visibilizan la necesidad de que Lugo y Lula discutan las logísticas de la represa hidroeléctrica binacional: Itaipú.

La disputa por la soya

Desde que la soya fue introducida en Paraguay en 1921, el país se ha convertido en uno de los productores con el más rápido crecimiento mundial del producto, y es ahora el cuarto exportador en el mundo del cultivo. Según un reporte de LatinNews de Mayo 11, “en el primer cuarto del 2010 las exportaciones crecieron 27% por año en relación a US$1.1, que es más que US$880m en el primer cuarto de 2009” y “las exportaciones de soya en el primer cuarto están arriba por 35% año-en-año en US$705m.” Es probable que los ingresos de la exportación de soya aumenten en los próximos meses cuando comience su envío. Debido a una mayor demanda de carne y alimento para el ganado en China y la creciente industria de agro-combustibles en Europa, la industria de soya ha crecido exponencialmente, creando un efecto negativo sobre los pequeños agricultores del país.

Cada año, casi 9.000 familias rurales son desalojadas debido a que la producción de soya se extiende sobre grandes extensiones de tierra. Estas familias sin tierra en Paraguay (100.000 y creciendo) son obligadas a emigrar por la violencia o por las artimañas de los agricultores de soya que las obligan a vender sus tierras a un costo minúsculo a barrios urbanos pobres. Según el artículo, “Soya: hambre por tierra”, Evan Abramson, quien escribió un artículo sobre Paraguay para el NACLA, encontró que 85% de la soya producida en el país es genéticamente modificada y debería ser considerada no apta para el consumo humano. Adicionalmente, la cultivación de soya utiliza más de 6 millones de galones de pesticidas y herbicidas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado como extremadamente peligrosos. Estos incluyen 2,4-D, Gramoxone, Paraquat, Metamidofos, y Endusulfa. Esto no es ninguna sorpresa, dado los reclamos generalizados de dolores de cabeza, náusea, erupciones en la piel, problemas de visión, infecciones respiratorias, altas tasas de cáncer y sospechosamente elevadas incidencias de defectos congénitos y abortos involuntarios que se encuentran en las comunidades circundantes.

El 3 de mayo la BBC realizó un documental sobre el precio de los biocombustibles, en el que el comentarista Gerry Northam viajó a Paraguay con el fin de obtener información de primera mano sobre el conflicto sobre la soya en el país. Mirando los vastos campos de soya, Northam preguntó a uno de los líderes del movimiento agrario y popular lo que siente cuando mira la opacidad. La respuesta del campesino fue, “Estamos más cerca de la muerte porque esta invasión está invadiendo nuestras vidas como seres humanos, y ningún ser humano puede vivir rodeado de veneno, y eso es lo que estamos haciendo, estamos peleando pero es difícil vivir […] cuando veo todos los campos, pienso que esto es un atentado a la vida.”

No es ninguna coincidencia que la industria de la soya haya crecido en tándem con la creciente violencia y opresión a pequeños agricultores y a comunidades indígenas. Desde el derrocamiento del régimen de Stroessner en 1989, más de 100 líderes campesinos han sido asesinados. Sin embargo, sólo uno de esos casos ha sido investigado y el asesino ha sido condenado. Los grandes productores de soya han contratado a equipos de seguridad y han colaborado con la policía local para garantizar que la organización de campesinos paraguayos, a pequeña escala, tengan el coraje de mantenerse firmes y luchar por sus derechos, que son brutalmente reprimidos. Después de 3 años de un conflicto que ha escalado continuamente, Tomás Zayas, dirigente de La Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), del Movimiento Nacional Campesino Indígena y del Frente Popular, y uno de los líderes campesinos más prominentes, fue arrestado por “intento de homicidio y asociación criminal.” La detención de Zayas se dio después de una sucesión de protestas pacíficas para detener las fumigaciones que usan pesticidas y herbicidas en tierras que abarcan la comunidad campesina Leopoldo Perrier, después de que Jesús Jiménez, de tres años de edad, muriera por altos niveles de pesticidas tóxicos en agosto de 2007.

Monsanto juega rudo

Según estudios conducidos en 2008, la muerte de Jiménez no es un accidente aislado, ya que éstos revelaron que en los departamentos regionales con la mayor producción de soya, 78% de las familias tuvieron miembros con problemas de salud causados por frecuentes fumigaciones de cultivos. De esos casos, 63% de los problemas de salud fueron causados por agua contaminada.

La dictadura de Stroessner creó la base para la privatización de las tierras campesinas, la liberalización de las barreras comerciales, la desregulación de las normas ambientales y la concentración de tierras. Ahora Monsanto, la empresa química más grande del mundo involucrada en la producción de soya genéticamente modificada (GM), ha desarrollado mecanismos que hacen que, como dice Marie Trigona de Toward Freedom: “las dictaduras sean un lujo innecesario.”

Monsanto introdujo el Sistema Roundup Ready para los cultivos, que fue diseñado para requerir el uso exclusivo de los herbicidas de la misma empresa. Por lo tanto, los cultivos Roundup dependen enteramente de los herbicidas de Monsanto para el control de maleza, lo cual se ha traducido en aumento en las ganancias de Monsanto. Se ha comprobado que el Sistema Roundup Ready es el causante de serios problemas de salud para comunidades locales debido a la contaminación de fuentes de agua y al agotamiento de los nutrientes de la tierra lo cual las hace inadecuadas para el cultivo.

La presencia militar de los Estados Unidos

La biodiversidad del país y la abundancia del recurso más preciado del mundo, el agua, ha hecho que el cultivo de soya se convierta en un proyecto de explotación para la agroindustria de EE.UU. Con tan solo mencionar “reforma agraria”, Washington teme contratiempos comerciales para sus empresas. No es coincidencia que, al mismo tiempo, la presencia militar de Estados Unidos se haya manifestado a través de acciones cívicas y visitas de batallones de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en áreas en donde están localizadas organizaciones campesinas, plantaciones de monocultivos de soya genéticamente modificados y en donde se llevan a cabo fumigaciones agro-tóxicas.

Tres de las mayores agroindustrias operando en Paraguay—Archer Daniel Midland, Bunge & Cargill, y Monsanto—son empresas transnacionales situadas en los Estados Unidos. Para proteger los intereses económicos en el país, Estados Unidos ha estacionado periódicamente bases militares estadounidenses. En su artículo “Represión de la policía y promesas presidenciales: la lucha por la justicia social en Paraguay,” Lorena Rodríguez publicó datos sobre el número de muertes campesinas entre 2002-2005 atribuibles a la presencia de Estados Unidos y la naturaleza de las fuerzas armadas estadounidenses presentes en el país, así como el establecimiento de organizaciones campesinas importantes.

Este análisis revela datos preocupantes que demuestran cuán lejos pueden llegar las fuerzas geopolíticas externas de los países, las cuales están destinadas a proteger sus propios intereses económicos, sobre todo cuando se trata de los esfuerzos transnacionales de los Estados Unidos, incluyendo esfuerzos militares llevados a cabo para salvaguardar las iniciativas económicas de Washington en el país. San Pedro, lugar de vivienda de cuatro organizaciones campesinas, tuvo el más alto número de operaciones militares, así como de muertes (18). En Alto Paraná, donde está localizada ASGRAPA junto con otras seis organizaciones, se presenciaron tres operaciones estadounidenses y 12 muertes en un período de tres años. A pesar de la falta de atención a estos hechos, es incuestionable que las actividades económicas de Estados Unidos estuvieron implicadas en estos casos. Por esta razón, es posible afirmar que Washington hará todo lo posible para proteger sus actividades sin tener en cuenta las vidas humanas involucradas.

Las relaciones entre Brasil y Paraguay

Según Quintín Riquelme, autor de Los Sin Tierra en Paraguay, los terratenientes brasileros y paraguayos, incluyendo los especuladores, han estado comprando las pequeñas parcelas de las familias de los campesinos. Simultáneamente, esto ha acelerado el proceso de concentración de tenencia de tierras y ha incrementado el número de campesinos sin tierra. Otro factor importante es que la mayoría de los 81,000 brasileros que viven en Paraguay, predominantemente a lo largo de la frontera este, son los mayores productores de soya en el país.

En 2003, los campesinos del asentamiento Tekojoja, donde nació el Movimiento Popular de Tekojoja, ayudaron a popularizar al Presidente Lugo. Él luchó por sus derechos después de que casi la mitad de 5,000 hectáreas de propiedad comunitaria fueran transformadas en grandes campos privados de soya. Jorge Galeano, un líder de la comunidad de Tekojoja, observó, “Calculamos que 120 familias han sido expulsadas debido a la entrada de terratenientes brasileños.” Después de esto, los productores de soya iniciaron una campaña violenta para forzar que los campesinos dejen sus tierras.

En el otoño de 2008, el conflicto llegó a su máxima expresión en San Pedro, el departamento más pobre del país, cuando los campesinos ocuparon la tierra de terratenientes brasileños. Al mismo tiempo, durante las negociaciones entre los presidentes Lugo y Lula sobre la represa hidroeléctrica ubicado en Itaipú, en la frontera entre los dos países, los terratenientes brasileños solicitaron que el presidente Lula mediara el conflicto con los campesinos paraguayos. El 17 de octubre, 2008, Brasil desplegó 10,000 soldados en una operación militar masiva conocida como “Operación Sur de la Frontera” (Frontera do Sul II). El presidente Lugo aseguró al público que Brasil sólo quiso negociar la paz entre los terratenientes y los campesinos, y el despliegue de las tropas sólo era en relación a la represa de Itaipú. Aunque esto ocurrió dentro de las fronteras de Brasil, parece que el verdadero propósito fue más bien una demostración de la fuerza que Brasil tiene dentro de la región que un ejercicio meramente pacífico.

El año pasado, el presidente Lula acordó triplicar los pagos a Paraguay por la energía de la hidroeléctrica de Itaipú. Esto finalmente puso fin a la disputa con Paraguay sobre la represa, pero no resolvió el conflicto actual entre los campesinos y los terratenientes brasileños que ha durado hasta el presente. El 30 de abril, 2010, LatinNews afirmó que el 29 de abril, José Acevedo, el alcalde de Pedro Juan Caballero (un pueblo paraguayo que comparte frontera con Brasil) anunció el despliegue de 150 tropas después del asesinato fracasado de su hermano, el senador Roberto Acevedo, quien salió vivo pero herido. Las autoridades locales han expresado su temor ante la posibilidad de que la violencia aumente ya que los “brasiguayos” (los brasileños que viven en Paraguay) han protestado y han reclamado que han sido expulsados de Paraguay. Los dos lados mantienen firmemente sus posiciones, mientras que los líderes de los dos países acordaron reunirse el 3 de mayo para conversar no sólo sobre la represa sino también sobre “medidas de seguridad conjuntas para prevenir un mayor escalamiento del conflicto y estrategias para combatir a los grupos criminales que operan en el área.”

El día siguiente a la cumbre presidencial, el principal periódico paraguayo imprimió titulares que coincidían con la opinión pública del país: que estaban siendo utilizados por el “imperialismo” brasileño. La declaración generalizada fue: “No queremos ni la ayuda ni la generosidad de Brasil; sólo queremos lo que nos pertenece a nosotros.” El titular de ABC decía: “Humillante manoseo a la dignidad de los paraguayos” responsabilizando a Lugo por violar la dignidad de los paraguayos al convertir al país en un “mendigo” dentro de la región. De hecho, Brasil ha fallado en cumplir sus promesas hechas en julio de 2009, cuando dijo que iba a financiar una nueva línea de energía y un puente que complementen la planta de energía de Itaipú. Pero en vez de proveer este financiamiento, ahora busca que el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR lo haga. No se han reportado discusiones sobre cuestiones de seguridad o conflicto en la frontera compartida entre los dos países, lo que haría pensar que el conflicto de tierras que tuvo lugar fue pasado por alto o fue completamente descartado.

El conflicto interno del Congreso

El presidente Lugo se enfrenta otra batalla con un Congreso que demostró, como describió LatinNews, “inconsistencia en [su] oposición y desconfianza de Lugo del quien se piensa que tiene detrás de cada movimiento una motivación de disolver el Congreso.” Es entendible la declaración reciente de Lugo abogando por un “estado de excepción” por 30 días en cinco departamentos con la intención de desmantelar el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) ya que la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY) considera que “un grupo armado de aproximadamente diez individuos está causando una convulsión interna y por lo tanto se justifica un estado de emergencia que reconozca la incapacidad de los organismos de seguridad del país.”

El uso de Lugo del “estado de excepción” puede ser criticado, pero se debe entender cómo el Congreso ha utilizado maniobras para cuestionar las políticas del presidente. La petición de Lugo de declarar el estado de excepción por 60 días en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay (áreas altamente concentradas con producción de soya) fue rechazada por el Congreso. En lugar de eso, LatinNews informó que el Congreso “aprobó su propio estado de excepción, el cual suspendió una serie de derechos constitucionales, prohibió protestas públicas y permitió que se lleven a cabo detenciones sin orden judicial.” Esto se correlaciona con el creciente conflicto sobre la soya y refleja la dicotomía empresa-gobierno existente en el auge de la industria de la soya.

¿Qué se puede hacer?

La capacidad de liderazgo del Presidente Lugo se estancó por sus actuales relaciones con el Congreso y con Brasil, resultando así en un dialogo vacio para las disputas sobre la distribución de tierra. El politólogo Marcelo Lacchi ha escrito, “Hay un error fundamental cuando se habla de Lugo. Se lo compara con Correa, con Chávez, con Evo. Pero debe ser comparado con Carlos Mesa en Bolivia, Rafael Caldera en Venezuela, o en el peor de los casos, con Lucio Gutiérrez en Ecuador.” Añadiéndose al (ahora) transformado ambiente de orgullo nacional que llegó junto con la presidencia de Lugo, hay una necesidad de cambios concretos para la población—cambios que se materializarán en el surgimiento de sindicatos fuertes y movimientos sociales visibles. En una entrevista sobre la reforma agraria, el senador Pareira de Tekojoja dijo:

Lo primero es hacer un catastro, o sea identificar las tierras públicas y recuperar al Estado. Eso va a implicar necesariamente confrontación, porque los latifundistas no se van a quedar de brazos cruzados. Lo cierto es que todavía no hay margen para plantear el tema agrario, cuando la fiscalía y el poder judicial siguen intactos. Esto, sumado a que gran parte del gobierno y junto a la oposición votan en bloque en el congreso contra cualquier intento. En resumen, dada la correlación de fuerzas dudo que haya una política de Estado al respecto. Es por eso que los movimientos sociales y populares tienen que organizarse movilizándose activamente por el cambio.

Los organizadores comunitarios se han hecho cada vez más activos y están haciendo que su voz sea escuchada, tal como fue demostrado en la protesta del 25 de marzo 2010.

Después de la detención de Zayas en 2008, el Dr. Martín Almada, Premio Nobel alternativo de la Paz por su trabajo en educación, derechos humanos y energía solar, escribió una carta al entonces presidente el Dr. Nicanor Duarte Fruto sobre el reciente acontecimiento y la campaña “Paren de Fumigar en Defensa de la Comunidad y de la Vida.” En su carta, el Dr. Almada hizo tres propuestas. Cada una de estas estaba enfocada en el artículo 4 de la Constitución que establece que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción” así como en el artículo 7 que estipula que “toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.” Bajo estas protecciones de la Constitución, las comunidades campesinas han estado haciendo llamados para obtener protección legal para que cesen las fumigaciones, el maltrato, y las detenciones ilegales por parte de la policía dentro de sus comunidades y para que se mantenga la vigilancia y el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Aunque controversial, otra alternativa es hacer lo que el gobierno argentino está haciendo: imponer impuestos sobre las exportaciones de soya para cambiar la manera en la que la biotecnología y la modificación genética afectan la manufactura de alimentos a los pequeños agricultores y al medio ambiente. En el 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impuso un nuevo impuesto sobre las exportaciones de soya, aumentándola a un 40 % , en un intento por obtener ingresos, frenar la inflación y redistribuir la riqueza. Terratenientes argentinos disgustados participaron en una huelga nacional; pero a pesar de la protesta, se puede decir que la decisión de la presidenta Fernández fue crucial por el efecto directo que este impuesto tendría en la industria de soya.

Resultado final difícil

El 20 de abril, marcando dos años desde su triunfo presidencial, el presidente Lugo se dirigió a una concentración de 15,000 personas en un intento de de mantener su popularidad. Se han rechazado acusaciones de un posible golpe del estado, pero Lugo sigue luchando por tomar una posición al lado de su pueblo y seguir adelante con su promesa de transparencia y honestidad. El presidente ha fracasado hasta ahora en sus intentos para atender la posibilidad de una reforma agraria, además no es claro el lugar que ocupa dentro de su agenda. Adicionalmente, la comunidad internacional tiene que responsabilizarse por la incompetencia de Lugo en cuanto a la protección de los derechos humanos en Paraguay.

Su aparente voluntad de dar la espalda a los campesinos que inicialmente lo apoyaron y lo catapultaron al poder, es vergonzoso y no puedo ser ignorado. Paraguay necesita ser menos dependiente de inversiones transnacionales y debe prestar más atención a los riegos del concepto de soberanía alimentaria. Del mismo modo, debe mantenerse alerto de asuntos críticos como el desplazamiento de las poblaciones rurales, la degradación de la tierra y los sistemas de agua y las serias amenazas a la salud que la población afronta diariamente.