Juicio anulado: gobierno de Trump no logra condena contra los 4 protectores de la Embajada de Venezuela

Por Patricio Zamorano
Desde Washington DC

El juicio contra los cuatro activistas que protegieron la Embajada de Venezuela entre el 10 de abril y 16 de mayo de 2019, se declaró nulo este pasado viernes 14 de febrero por la jueza federal Beryl Howell, a pesar de todas las restricciones que la magistrada impuso sobre las pruebas que podían ser presentadas por la defensa. Los fiscales del gobierno de Trump no fueron capaces de convencer al jurado sobre que el enfermero jubilado David Paul, el abogado Kevin Zeese, la pediatra Margaret Flores y la académica Adrienne Pine, rompieron alguna ley durante su estancia en la Embajada de Venezuela, protegiéndola a petición del gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro.

Los fiscales del gobierno intentaron sin éxito condenar a los acusados bajo el cargo de “intencionalmente obstruir, resistir o interferir con un agente federal en aplicación legal de funciones de protección autorizadas en virtud de la sección 37 del Acta de Autoridades Básicas del Departamento de Estado de 1956” [1]. En un breve juicio de 4 días en la corte federal E. Barrett Prettyman, obstaculizado por restricciones en cuanto a la información que se podía compartir en la sala, el equipo de defensa (abogados Michael Satin, John Zwerling, Heather Shaner y Bill Welch), presentaron al jurado todas las inconsistencias del caso, incluyendo la ambigüedad de las acciones adoptadas por los agentes del Departamento de Estado, el servicio secreto, y los agentes de policía de DC durante el asedio a la embajada por manifestantes opositores al gobierno de Maduro.

Grupo de partidarios y amigos de los defensores posan frente a la Corte Federal de Estados Unidos en DC, después de la anulación del juicio. (Crédito de la imagen: COHA)

Restricciones a la defensa

La jueza Howell, desde el primer día, decretó varias barreras para la defensa sobre la información de hechos relacionados al caso que podían ser compartidos con el jurado. No permitió ninguna aclaración sobre la legalidad o ilegalidad de la presencia de los cuatro defensores dentro de la Embajada de Venezuela, basado en la autorización del gobierno venezolano para proteger el edificio. El jurado no pudo ser informado de que, a pesar de la oposición política del gobierno de Estados Unidos, la Presidencia de Maduro es aún reconocida por Naciones Unidas y casi 150 países como el Poder Ejecutivo legítimo del país. Asimismo, el jurado no pudo ver un video donde el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, formaliza la autorización a los defensores para proteger la embajada, situada en el corazón de Washington DC, en el barrio de Georgetown.

Durante el cerco contra la Embajada de Venezuela, agrupaciones de defensa de los derechos civiles denunciaron que las fuerzas de seguridad en el perímetro del edificio fueron permisivos con los opositores a Maduro sobre muchos actos de violencia, destrozos al edificio, y acoso físico, racial y sexual contra periodistas, apoyadores de Maduro y peatones. No hubo detenciones entre los opositores a Maduro. El líder histórico de los derechos civiles Jesse Jackson y sus asesores también enfrentaron violencia y la falta de acción de las fuerzas de seguridad, durante la entrega de alimentos y agua para los cuatro defensores.

El líder histórico de los derechos civiles, Jesse Jackson, visita a los cuatro defensores y entrega alimentos durante el asedio contra la Embajada de Venezuela. (Crédito de la imagen: COHA)

Las restricciones a la defensa causaron confusión en el jurado

La mayor parte de la evidencia y el contexto político para explicar la ilegitimidad o legalidad de los cargos contra los cuatro defensores se mantuvo fuera del alcance del jurado. Sin embargo, la jueza Howell, contradiciendo su propio argumento, sí permitió a los fiscales del gobierno desarrollar libremente su narrativa política, por lo que el jurado accedió sólo a la versión oficial del gobierno de Trump que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y Carlos Vecchio como su embajador.

Estos esfuerzos de la jueza Howell tuvieron el efecto contrario. Sus restricciones obligaron a la corte, a los fiscales, a la defensa y al jurado a hacer frente a los hechos bajo un análisis oscurecido por tecnicismos complejos que, por sus propios méritos, mostraron todas las contradicciones, errores de gestión y la falta de claridad de las acciones ejercidas por las fuerzas de seguridad durante varias semanas de asedio contra la Embajada venezolana.

Los puntos principales de la defensa fueron la ambigüedad y la confusión del aviso sobre violación de propiedad privada entregada por las fuerzas de seguridad a los acusados; la completa falta de resistencia de los defensores, que nunca interfirieron con el trabajo de la policía o de los agentes federales; y la convicción de los defensores de que estaban actuando legítimamente sobre la base de la autorización formal del Gobierno de Venezuela para proteger el edificio. En las conversaciones con los fiscales y los abogados defensores después de la anulación del juicio, varios miembros del jurado se mostraron efectivamente en desacuerdo con la opacidad del juicio.

Embajada de Venezuela en estado de sitio, durante abril y mayo de 2019. (Fotografía: COHA)

Consecuencias políticas del caso

El juicio, que tuvo lugar en la Avenida Constitution, a pocos pasos del Congreso de EEUU, tiene profundas implicaciones para el papel del poder judicial, de la policía de Washington DC, y de las fuerzas de seguridad federales, y la forma en que Estados Unidos rompe con el derecho internacional.

Las restricciones contra la defensa impuestas por la jueza Howell parecieron fortalecer el argumento del gobierno, e hicieron en la práctica a la autoridad judicial y a las fuerzas de seguridad un instrumento político de Poder Ejecutivo. Al no permitir que el jurado entendiera el contexto del derecho internacional y la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas [2], y el contexto político de la relación antagónica entre el gobierno de Maduro y el gobierno de facto de Guaidó como instrumento de la política exterior de EEUU, la jueza Howell rompió la regla imparcial del sistema judicial de Estados Unidos, al avalar solo las premisas de la tesis política del Gobierno.

La decisión de anular el juicio es también un serio revés para el gobierno de Trump, que podría tener consecuencias para el futuro en otras acciones al borde de la legalidad cuando se trate de violaciones a la Convención de Viena y, en particular, la obligación de proteger las misiones diplomáticas, especialmente durante períodos de quiebre de relaciones. En el caso de la toma de control forzada de la Embajada de Venezuela, fue invocada una ley federal de Estados Unidos, que rompe flagrantemente los acuerdos internacionales, dotando al Poder Ejecutivo la atribución de despojar edificios e inmunidades a los representantes diplomáticos legítimos.

Los cuatro defensores de la Embajada de Venezuela saludan a la multitud en frente del edificio, el 15 de mayo de 2019. (Crédito de fotografía: COHA)

Nueva fecha clave: 28 de febrero

Durante el período de deliberación, el jurado mostró claros signos de confusión con respecto a las alegaciones del Gobierno. El viernes 14 de febrero el jurado envió cuatro notas a la jueza: primero, se le preguntó acerca de si los acusados ​​tenían que tener conocimiento sobre el estatuto sobre el que se basa la supuesta violación legal, a fin de ser encontrados culpables de un delito. En segundo lugar, pidieron revisar en detalle el testimonio del oficial federal que interactuó con los defensores. Y tercero, le señalaron a la jueza que no habían progresado durante todo el día y que el jurado estaba estancado. Sobre la primera nota, el jurado fue instruido sobre que no era necesario que los defensores conocieran la ley específica que supuestamente estaban rompiendo, sino que los acusados ​​tenían que tener conocimiento de que estaban en violación de una ley y que tenían la intención de violarla. La jueza también dictaminó que las creencias de los acusados ​​no eran relevantes. En respuesta a la segunda nota, la jueza dictaminó que el jurado debía deliberar en base a su recuerdo del testimonio del oficial federal, por lo que no pudieron revisar en detalle el contenido. Y en respuesta a la tercera nota, la jueza ordenó que las deliberaciones continuarían. La cuarta nota y final fue una declaración por parte del jurado de que definitivamente estaban en un punto muerto sin avances posibles en el futuro cercano, después de lo cual el juicio fue declarado nulo por la jueza.

La defensa, los fiscales y la jueza concordaron en que se haría una audiencia el 28 de febrero, donde el Gobierno decidirá si retira los cargos o pide un nuevo juicio. El equipo de la defensa está dispuesto a apelar si un nuevo juicio falla en contra de ellos, incluyendo llevar el caso ante la Corte Suprema.

Fred Mills contribuyó como editor de este artículo en su versión en inglés


Notas de pie de página

[1] Acta de Autoridades Básicas del Departamento de Estado de 1956, https://legcounsel.house.gov/Comps/State%20Department%20Basic%20Authorities%20Act%20Of%201956.pdf

[2] De hecho, la Convención de Viena en varios artículos, incluidos los artículos 30 y 45, garantiza la protección de las misiones diplomáticas, especialmente si las relaciones diplomáticas se rompen. Véase el documento oficial para más detalles: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/06/19640624%2002-10%20AM/Ch_III_3p.pdf