Proceso: Honduras: La ambigüedad de Washington

Proceso, published September 14


WASHINGTON, 11 de septiembre (apro).- Ahora que se apagaron los reflectores que acompañaron la última visita de Manuel Zelaya a Washington, durante la cual el presidente destituido de Honduras obtuvo una nueva tanda de tímidas sanciones por parte de sus anfitriones, las nuevas jugadas de Estados Unidos frente al gobierno de facto instalado en Tegucigalpa quedaron subordinadas al desarrollo de la ambigua política de la Casa Blanca para América Latina y hasta a las presiones de un impensado lobby de empresarios hondureños sobre el Capitolio norteamericano.

Zelaya fue recibido el 3 de septiembre por la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. A la salida de la reunión, el presidente derrocado se detuvo a hablar ante las cámaras y los reporteros que lo esperaban afuera del edificio del ministerio de Exteriores. En su mano llevaba una copia de la declaración oficial estadunidense de la cancelación –ya no simplemente la “suspensión”– de “una amplia gama de ayudas” para Honduras.

El presidente leyó con cierta satisfacción algunas partes del comunicado firmado por el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly, pero no pudo responder con precisión cuando los periodistas le preguntaron qué había ocurrido con uno de los principales reclamos de quienes lo apoyan: que Estados Unidos declare formalmente la asonada del pasado 28 de junio como un “golpe militar” y no simplemente como un “golpe de estado”.

La palabra “militar” no apareció en el comunicado de Kelly. Si Washington hubiera
aceptado considerar el golpe como un movimiento realizado por las fuerzas armadas, las normas que regulan la asistencia externa habrían impuesto un recorte completo de las ayudas para Honduras, y no simplemente la cancelación de “una amplia gama” de esos fondos y programas.

Antes de visitar a Clinton, Zelaya fue al palacio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, donde fue recibido por el secretario general, José Miguel Insulza, y por los embajadores de los países del continente.

Sin el respaldo simbólico

La ambigüedad que rodeó el gesto de Estados Unidos hacia Zelaya alcanzó al presidente destituido también en la OEA, donde ofreció una conferencia de prensa sin la compañía de Insulza ni de ningún otro diplomático del hemisferio.

La conferencia de prensa de Zelaya se realizó en uno de los salones del edificio, pero el panel con el escudo de la organización que sirve de fondo a estas conferencias, puesto allí para que salga en las fotografías y las grabaciones televisivas y no queden dudas de dónde se realizaron las declaraciones, fue cubierto con un paño azul liso, sin inscripciones.

El paño fue retirado por personal de la OEA después de que terminó la rueda de prensa de Zelaya. Nadie supo explicar los motivos de la decisión de dejar al presidente derrocado sin ese respaldo simbólico de la organización.

Tanto la OEA como Estados Unidos muestran su decisión de apoyar sin titubeos la restauración de la democracia y la institucionalidad en Honduras, pero ciertos gestos de tibia lejanía para con Zelaya dejó a comentaristas en Washington preguntándose hacia adónde apuntan realmente las soluciones que la comunidad continental espera concretar en el caso de Honduras.

“Creo que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, verdaderamente
quiere que se lleve adelante el Acuerdo de San José”, el plan avanzado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que prevé –entre otros puntos- el retorno de Zelaya a Tegucigalpa y una amnistía para los delitos políticos, dijo a Apro Michael Shifter, del Inter American Dialogue.

“El problema es que la realidad en el terreno en Honduras no está ayudando, y que tanto
Estados Unidos como la comunidad internacional subestimaron el rencor que muchos hondureños le tienen a Zelaya y la considerable resistencia a su retorno al poder”, añadió.

Según Shifter, “por supuesto que Estados Unidos podría usar toda la fuerza de las sanciones o, incluso, a sus militares, para remover al gobierno de facto, pero eso crearía un problema todavía mayor y, además, representaría una contradicción al espíritu” que quiere exhibir el presidente Obama: que Washington “ya no usa el garrote que en América Latina creó tanto resentimiento”, señaló.

En ese sentido, Larry Birns, del Council on Hemisferic Affairs (COHA), consideró “una tragedia” que el gobierno de Obama esté “desperdiciando el poco tiempo que tiene para reformar su política para América Latina”.

Birns dijo a Apro que la Casa Blanca sigue todavía “no convencida sobre qué hacer respecto del ‘factor Chávez'”, en referencia al presidente de Venezuela, considerado uno de los jugadores clave de la crisis hondureña.

Además, afirmó, Estados Unidos “está preocupado por los negocios de armas y materias primas” que están concretando en América Latina, su habitual “patio trasero”, países como China, Francia, Rusia e India, y no logró todavía asumir una nueva política propia para la región.

El gobierno de Obama, siguió Birns, “está siendo afectado de manera negativa por la ausencia de voluntad” en ese sentido, y hasta de una “falta de convicción” sobre su propia retórica. En el caso de Honduras, añadió, “la administración estadunidense debería haber sido clara desde el primer momento acerca de que no tolerará un cambio extra-constitucional de gobierno”.

EU sigue sin apretar el acelerador…

En cambio, si bien emite regularmente señales de apoyo a Zelaya, Estados Unidos sigue sin apretar el acelerador a fondo cuando se trata de presionar al gobierno del presidente de facto, Roberto Micheletti.

Por ejemplo, si el Departamento de Estado hubiera señalado formalmente la asonada del pasado 28 de junio como un golpe militar, la ley norteamericana ordena que se recorten todas las ayudas, con la única excepción de los fondos para programas humanitarios o en favor de la democracia. En el caso de Honduras, el recorte llegaría, según estimaciones, hasta a alrededor de 150 millones de dólares.

Pero, con base en la decisión anunciada el pasado 3 de septiembre, Washington puso en marcha recortes por unos 30 millones de dólares, producto de la terminación de 9.4 millones de la Agencia para el Desarrollo Internacional (US Aid); 8.96 millones del propio Departamento de Estado (incluyendo dinero para armas y entrenamiento militar); 1.7 millones en ayudas para asuntos de seguridad, y unos 11 millones del U.S. Millennium Challenge Corporation.

En ese momento, otro de los portavoces del Departamento de Estado, Philip Crowley, explicó que no se etiquetó el golpe como “militar” porque la secretaria Clinton “no necesitó” de esa mecanismo para reforzar las sanciones contra Honduras.

Muchos se quedaron preguntando si Washington no piensa avanzar más con las presiones o si prefirió guardarse esa carta en la manga.

“En este momento –explicó Shifter–, si Estados Unidos decide aumentar la presión sobre el régimen de facto, será principalmente para hacer una declaración política, para satisfacer a algunos demócratas en el Congreso y a los gobiernos latinoamericanos”.

“Cualquier expectativa realista de que Zelaya pueda retornar al poder antes de las elecciones de noviembre, se están descolorando de manera gradual”, añadió.

Shifter piensa también que Estados Unidos todavía no terminó de desarrollar una política coherente para América Latina, la cual –estiman observadores– se encuentra atenazada por la voluntad declarada de Obama de relanzar la amistad con los países vecinos y el recelo de la vieja guardia, encarnada en la secretaria Clinton, hacia Chávez y los gobiernos de izquierda en la región, incluido Cuba.

“Mi sensación es que Washington todavía no forjó una posición de consenso o un `Plan B` sobre cómo superar el impasse y ayudar a Honduras a volver al orden democrático sin que Zelaya retome el poder”, añadió el experto del Inter American Dialogue.

Tal como indicó Shifter, el Departamento de Estado y la Casa Blanca tienen que satisfacer a varios demócratas que reclaman mano dura para con el régimen de facto. Uno de ellos, el diputado Howard Berman, demócrata por California, publicó una columna en el diario Los Angeles Times, en ocasión de la reciente visita de Zelaya, reclamando declarar, de una vez por todas, el golpe del pasado 28 de junio como militar, y activar las sanciones completas.

Inclusive, Berman advirtió que, “si por alguna razón los abogados del Departamento de Estado no determinan que esto fue un golpe” militar, entonces el Congreso deberá tomar cartas en el asunto.

Pero los ímpetus de Berman y otros legisladores pueden chocar contra algunas fuerzas poderosas, incluso en el parlamento. El gobierno, afirmó Birns, del COHA, “está soportando los cabildeos de un número de influyentes demócratas cercanos a la administración Obama, que están siendo pagados con altas sumas por empresarios hondureños”.

La cuestión fue abordada en detalle por Elizabeth Dickinson, de la revista Foreign Policy, según la cual “algunos nombres pesados de Washington están trabajando sobre el tema en el Capitolio, organizando reuniones con diputados y senadores”, ayudando a “preparar reportes” en favor de la comunidad de negocios de Honduras que estarían “detrás de la remoción de Zelaya o, al menos, trabajando para frustrar su reinstalación” en el poder.

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Dickinson señala, por ejemplo, a Lanny Davis, un exconsejero especial del presidente Bill Clinton, que ahora es socio del bufete Orrick, Herrington & Sutcliffe y representa en Washington a la filial hondureña del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). También nombró al Cormac Group, uno de cuyos miembros, Jonathan Slade, tendría un acuerdo de representación con la Asociación Hondoreña de Maquiladores.

Slade, por su parte, escribió Dickinson, contrató a un viejo conocido de estos asuntos, el
exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, exasesor del fallecido Jesse Helms en el Congreso.

Dickinson destacó que en contra de las aspiraciones de Zelaya están trabajando las
“notables” conexiones de Davis con “los Clinton” y, por otro lado, un creciente grupo de legisladores republicanos, que no lo quieren ver de regreso en el poder en Tegucigalpa, entre ellos algunos conocidos “duros” del anticastrismo, como el diputado Connie Mack, de Florida.

En medio de este duelo de cabildeos y reclamos de ambos bandos, “Washington querría ver este asunto resuelto”, dijo Shifter, en especial porque “está absorbiendo mucho del tiempo y la atención de funcionarios clave” del joven gobierno de Obama.

Para Shifter, “la posición más sabia y probable” de parte de la administración
norteamericana será “involucrarse en consultas intensivas con los aliados en América Latina y Europa, al igual que con Canadá, para proceder a coordinar la forma de ayudar al proceso electoral en Honduras”.

Para “salvar la cara”, agregó, posiblemente “se demanden algunas concesiones de parte del régimen de facto, pero sin llegar a pedir el retorno de Zelaya al poder”.