Ecuador: gobierno de Lenin Moreno sacrifica a los sectores empobrecidos para satisfacer al FMI

Por Wilma Salgado

El gobierno del Presidente Lenin Moreno ha venido aplicando políticas de ajuste del gasto y de la inversión pública, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) suscrito con el Fondo Monetario Internacional en febrero del 2019, políticas que han afectado a las clases medias y a las clases populares. Estas políticas han lanzado estos sectores de la población hacia la pobreza y la miseria, al tiempo que han beneficiado a empresas trasnacionales, a los bancos  y los grandes grupos económicos en general.

En el marco de las negociaciones con el FMI, el actual gobierno dictó una ley, irónicamente denominada “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, vigente desde agosto del 2018, mediante la cual se reinstauró en el país una política neoliberal para la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública, fijadas como prioridades nacionales. En dicha ley se contempló la remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones pendientes de pago con varias instituciones del Estado: Servicio de Rentas Internas (SRI), gobiernos autónomos descentralizados, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas,  empresas públicas e incluso con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

Perdonazo tributario a las grandes corporaciones

A la fecha en que entró en vigencia dicha Ley, el sector privado debía al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI, $4.291 millones de dólares (sin considerar intereses), cifra superior al monto del crédito aprobado por el FMI. Luego del acuerdo suscrito con dicho organismo, los desembolsos de este crédito de $4.200 millones de dólares se irán realizando en cuotas, luego de la evaluación del cumplimiento por parte del país de las condiciones que dicho organismo impone.

La lista de grandes beneficiarios de la remisión estuvo encabezada por empresas petroleras y de energía: Andes Petróleum Ecuador LTD adeudaba $396.2 millones de dólares, de los cuales se le perdonarían $228.3 millones; Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, debía $347.7 millones y se le perdonarían $194.4 millones; Consorcio Petrolero Bloque 16, debía $141.6 millones y se le perdonarían $78.7 millones; AGIP OIL Ecuador debía $96.1 millones y se le perdonarían $61.5 millones; Repsol Ecuador S.A. debía $93.7 millones y se le perdonarían $52.2 millones, entre las más grandes. En segundo lugar en cuanto ael monto de la remisión, se encuentra una transnacional telefónica, OTECEL S.A. que debía $78.4 millones y se le perdonarían $38.9 millones; sigue la Exportadora Bananera Noboa S.A., que debía $71.1 millones y se le perdonarían $41.2 millones.

También hay varios bancos privados: Banco Pichincha debía $39.6 millones y se le perdonarían $18.3 millones; Banco de la Producción S.A. Produbanco, debía $29.3 millones y se le perdonarían $14.9 millones; Banco de Guayaquil debía $6.3 millones y se le perdonarían $3.9 millones. Vale precisar que la lista de beneficiarios sólo toma en cuenta a las deudas con el SRI. Entre ellos se incluye también a la empresa Odebrecht,, que debía $11.8 millones y se le perdonarían $4.5 millones; y, al señor Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, poseedor de cuentas en paraísos fiscales, actualmente en prisión, quien debía $6.3 millones y se le perdonarían $3.9 millones[1]. Igualmente cabe recordar que los actos de corrupción asociados con operaciones de la empresa Odebrecht, así como con sus cómplices y beneficiarios, aún no han sido juzgados en Ecuador, lo que marca una diferencia flagrante con lo que ocurre, por ejemplo, en Perú.

Las protestas en Ecuador contra el gobierno de Lenin Moreno ya han dejado 5 muertos y cientos de heridos y arrestados. En las fotos de este artículo se cubre el multitudinario funeral de Inocencio Tucumbi, líder indígena asesinado durante las confrontaciones de la población con las fuerzas policiales de gobierno. (Crédito de fotos: Santiago Villacis)

Luego de la aplicación de las remisiones, el SRI reportó que las recaudaciones ascendieron a $1.250 millones de dólares[2], pero no explicó qué pasó con los más de $3.000 millones restantes, cifra que duplica el monto que el gobierno estima recaudará por los subsidios a los combustibles, gasolina extra y diésel eliminados desde el 1 de octubre 2019, que llegan a los $1.300 millones de dólares[3].

Una ley aprobada en las sombras

Se desconoce el monto al que ascendieron el resto de remisiones contempladas en la mencionada ley con otras instancias públicas. Tampoco se cuenta con información sobre el monto al que habría ascendido el sacrificio fiscal por las exoneraciones de impuestos contempladas en la misma ley, lo que evidencia la absoluta falta de transparencia que caracterizó a la aprobación de dicho cuerpo legal y de sus reales alcances.

La Asamblea aprobó esta ley sin siquiera solicitar esa información mínima, con los votos de Alianza País (movimiento formado originalmente por el ex presidente Rafael Correa, pero luego de que se retiraran los partidarios del ex presidente y se quedara la fracción de asambleístas que apoyan a Lenin Moreno) y el Partido Socialcristiano.

Mientras los grupos económicos más poderosos del país se beneficiaron de remisiones y exoneraciones tributarias, el actual gobierno ha venido tomando medidas para financiar el déficit fiscal, en el marco del acuerdo suscrito con el FMI que, como dijimos antes afectan a la clase media y a los sectores populares.

Condicionalidades en el acuerdo con el FMI: peor que Argentina

En el Memorando de Políticas Económicas y Financieras del FMI se detalla el “programa de políticas públicas para los próximos tres años”, que incluye metas de reducción del déficit fiscal y de la deuda pública mucho más drásticas que las metas acordadas por el FMI con Argentina.

Meta de reducción del peso de la deuda pública sobre el PIB:

  • Caso Argentina:  55.8% del PIB en tres años (2021)[4]
  • Caso Ecuador: 40% del PIB  en tres años (2022)[5], con un peso cercano al 60% del PIB en el año 2018.

Meta de reducción del déficit fiscal:

  • Caso Argentina: desde un déficit fiscal primario en el año 2018 del 2.7% del PIB, teniendo dos años para eliminarlo, lo que equivale a una reducción del 1.35% por año
  • Caso Ecuador: desde un déficit fiscal primario estimado en 7% del PIB en el año 2018 (sobrestimado en el momento de la negociación con el FMI), debería eliminarlo en tres años, esto es una reducción del 2.3% del PIB cada año.

Para reducir el peso de la deuda pública y del déficit fiscal, en el marco del acuerdo con el FMI, el gobierno ha venido aplicando medidas para reducir el gasto e inversión pública, despidiendo a empleados públicos, eliminando subsidios y reduciendo la inversión fiscal de una manera drástica (con una caída acumulada desde el año 2016 del 75%, pasando de $6.104 millones de dólares en el año 2016[6], a $773 millones a julio de 2019; es decir, unos $1.500 millones de dólares en el año 2019). 

El último paquete de medidas anunciado por el presidente Moreno, el 1 de octubre de 2019, incluyó la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel, cuyos precios se incrementarían en 24%. En el caso de la gasolina extra, pasa de $1,85 dólares por galón, a $2,3 dólares), mientras el precio del diésel Premium se incrementaría en 119% (pasando de $1,037 dólares por galón, a $2,27 dólares)[7]. Con esta medida, el gobierno espera recaudar $1.300 millones de dólares en un año.

Además de la eliminación de los subsidios a estos combustibles, las medidas anunciadas incluyeron un amplio paquete de nuevas reducciones arancelarias a las importaciones de materias primas y bienes de capital para el sector agrícola e industrial; bajar impuestos a la importación de vehículos valorados en menos de $32 mil dólares; eliminar el anticipo del impuesto a la renta que pagaban las empresas; suprimir los impuestos a la importación de bienes tecnológicos como celulares, computadoras, tabletas; bajar a la mitad los impuestos a la salida de divisas para importación de materias primas y bienes de capital; reducción del 20% de las remuneraciones en renovación de contratos de empleados públicos; aumento del número de beneficiarios del bono de desarrollo humano; créditos al 4,99% para el plan de vivienda casa para todos, entre las medidas más importantes[8].

Medidas de Moreno afectan proporcionalmente a los sectores más pobres

Pero la medida de mayor impacto sobre el ingreso de los sectores más empobrecidos, constituye la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto, por encima de las condiciones en que los ecuatorianos ya veníamos afectados por el estancamiento económico y la competencia de productos importados, sobre todo procedentes de los vecinos países Colombia y Perú, cuyas monedas se han devaluado en los últimos meses. Las provincias fronterizas, en particular la provincia de El Carchi en la frontera con Colombia, venían reclamando medidas de apoyo por parte del gobierno para superar una profunda crisis económica, recurriendo incluso a medidas de hecho, como paralización de actividades en la provincia, cierre de carreteras y manifestaciones en las calles.

La reacción social frente al “paquetazo” fue inmediata, en particular por parte de los sectores organizados: transportistas, movimiento indígena, organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales en general.

El acuerdo con el FMI contempla también los siguientes elementos:

  • El traspaso de negocios rentables desde el Estado ecuatoriano al sector privado, y en consecuencia, descapitalización y pérdida de esos ingresos a futuro, deteriorando las finanzas públicas.
  • Mayor apertura comercial, mediante el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, negociación de Tratados de libre comercio con Estados Unidos y hasta con China.
  • Amplias reformas laborales, buscando precarizar el ya debilitado mercado laboral.
  • Reforma tributaria, para aumentar los impuestos indirectos que castigan a los sectores más desprotegidos de la sociedad, profundizando la regresividad en la tributación. Esto, en lugar de corregirla incrementando el impuesto a la renta de los sectores más pudientes; y,
  • Mayor liberalización financiera, eliminando el impuesto a la salida de divisas y permitiendo una mayor elevación de las tasas de interés de usura que actualmente rigen Las tasas de interés fijadas por la autoridad monetaria bordean el 25% anual, en el caso de los créditos a los microempresarios, a pesar de ser una economía dolarizada, sin riesgo de inflación ni de devaluación. Por cada 1% de interés que cobra el sistema financiero, extrae del conjunto de la economía unos $422 millones de dólares, tomando en cuenta el saldo del crédito al sector privado al 31 de julio de 2019[9]. Esto significa que con 3% de interés, la banca extrae $1.266 millones de dólares, cifra cercana a los $1.300 millones estimados por el gobierno como subsidios a la gasolina y al diésel. Una reducción del 4% de las tasas de interés, equivaldría a una inyección de $1.688 millones de dólares en la economía. O un impuesto a los excesivos márgenes de intermediación financiera podría reportar al Estado un ingreso superior a los $1.300 millones de dólares, los mismos que espera recaudar por la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel.

Mientras tanto el gasto del gobierno en Desarrollo Agropecuario, en los primeros seis meses del 2019, ha ascendido apenas a $53 millones de dólares, lo que significa que en el año completo, la cifra bordearía los $106 millones de dólares. Esta cifra equivale a la cuarta parte de los $422 millones de dólares que el sistema financiero obtiene por cada 1% de los intereses que cobra.

El sector agropecuario es muy importante como fuente de generación de empleo. El 28,3% de la población ocupada, se encuentra en este sector”.  

En Ecuador está pendiente una profunda reforma financiera, con una drástica reducción de las tasas de interés vigentes, tasas que en todas partes del mundo se reducen cuando se quiere estimular la reactivación productiva.

Receta del FMI provoca estancamiento

Las políticas implementadas por el gobierno, en el marco del acuerdo con el FMI, han provocado el estancamiento de la economía. El propio FMI prevé un decrecimiento del PIB de -0.5% en el año 2019[10]. El desempleo ha continuado en ascenso (tasa de empleo de apenas 37,9%[11] de la población económicamente activa,  esto es con salarios superiores al básico y beneficios laborales, a junio de 2019). La incidencia de pobreza ha crecido, pasando de afectar al 35,3% de la población en diciembre de 2014 (5,6 millones de pobres de una población de 15,9 millones), al 43,8%[12] a junio de 2019. Es decir, 2 millones adicionales de pobres, ascendiendo a 7,6 millones de ecuatorianos en condición de pobreza, de una población total actual de 17,3 millones de habitantes.

Las políticas del FMI continúan orientadas  a favorecer los intereses de los países acreedores de la deuda pública, mediante los siguientes objetivos:

  • Generar excedentes en países deudores y transferirlos a los países acreedores, mediante políticas de reducción del déficit fiscal y del peso de la deuda pública sobre el PIB cuya carga recae sobre la clase media y las clases populares,
  • Ampliar opciones de negocios rentables para el capital extranjero, y para el capital nacional aliado del capital externo, mediante la privatización de empresas y activos públicos rentables,
  • Ampliar mercados para exportaciones de países desarrollados que financian al FMI con sus mayores cuotas, mediante la promoción de la apertura unilateral. Es decir, sin exigir nada a cambio, colocando en riesgo de quiebra a sectores y empresas que no pueden competir con productos importados, muchos de ellos altamente subsidiados o provenientes de países devalúan sus monedas. Esto  pese a que Ecuador es un país dolarizado.

Una historia que se repite: políticas del FMI nocivas para el continente

Las políticas aplicadas en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no resuelven las crisis fiscales, sino que las agudizan. Fuerzan a las privatizaciones y a la apertura al capital extranjero, mientras profundizan los problemas estructurales de los países en los que intervienen. afectan el mercado laboral, aumentan la pobreza y la indigencia, generan mayor concentración del ingreso. Provocan desindustrialización y reprimarización de la economía, y promueven el extractivismo que tiene amplios efectos nocivos sobre el medio ambiente y el deterioro de las condiciones de vida de los pueblos donde se aplican sus políticas.

En el caso de Ecuador, las políticas económicas aplicadas por el gobierno de Lenin Moreno encajan perfectamente con esta receta. En ese contexto se explica también la amplia movilización social de esta última semana, especialmente de los grupos indígenas, todos afectados por la eliminación de los subsidios a los combustibles. La favorabilidad del presidente Moreno está en una baja histórica en torno al 30%[13], y hasta ahora la represión policial de las fuerzas del Estado ha provocado un gran costo social, con cinco muertos[14], cientos de heridos y casi 500 personas arrestadas[15].

Wilma Salgado es Doctora en Economía, ex ministra de Economía de Ecuador y experta en temas fiscales bajo varios gobiernos del país.


[1] Fuente: “Trole 3. 50 beneficiario de la remisión tributaria: hacer más ricos a los más ricos”. Observatorio de la dolarización. En https://dolarizacion.ec/2018/06/21/trole-3-50-beneficiarios-de-la-remision-tributaria-hacer-mas-ricos-a-los-mas-ricos/

[2] “SRI recaudó más del doble de lo esperado por remisión tributaria”, Enero 15 del 2019. https://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=616&marquesina=1

[3] “Eliminación de subsidio a gasolina y diésel, entre medidas económicas del Gobierno de Ecuador”. 1 de octubre 2009. eluniverso.com

[4] Salgado Tamayo Wilma. “Paquetazo para toda una vida” Ley orgánica para el fomento productivo. En Revista ECUADOR DEBATE NO. 104, Quito/Ecuador/Agosto 2018.

[5] https://bit.ly/2YnejCi Carta del Ministro de Finanzas y la Gerente del Banco Central a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional del 1 de marzo 2019 y Memorando de Políticas Económicas y Financieras

[6] Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador, No. 2010, Agosto 2019, Cuadro 2.2.1 Operaciones del Presupuesto General del Estado, millones de dólares.

[7] “El nuevo precio de las gasolinas extra y eco país es USD 2,39; el diésel 2 y Premium costará USD 2,30”, Diario El Comercio, 3 de octubre 2019, elcomercio.com

[8] “Lenin Moreno anuncia 6 medidas económicas y 13 propuestas de reforma”, Diario El Comercio, 1 de octubre de 2019, elcomercio.com

[9] Fuente: Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador, No. 2010, Agosto 2019, Cuadro 1.1.2 Captaciones y crédito del panorama financiero por sectores, millones de dólares (al final del período). Crédito al sector privado, al 31 de Julio 2019, 42.216.4 millones de dólares.

[10] “FMI prevé decrecimiento en Ecuador de 0.5% en 2019 y subida de 0.2% en 2020”, La República, 9 de abril 2019, larepublica.ec

[11] Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Boletín Técnico No. 03-2019-ENEMDU. ENCUESTA Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Junio 20191, 4 Componentes del empleo. 1.4.1 Empleo adecuado

[12] Acosta Alberto. “Ajuste del FMI: Cuentas sin cuadrar y una caja de pandora”. https://ecuadortoday.media/2019/08/19/ajuste

[13] Cuesta: “Distintas encuestadoras demuestran que el Presidente tenía una aceptación del 70%, que ha caído al 30%”. http://www.ecuadorchequea.com/2018/10/02/lourdescuesta-encuestas-aceptacion-leninmoreno-ecuador/

[14] Las protestas contra Lenín Moreno en Ecuador dejan al menos cinco civiles muertos https://www.france24.com/es/20191010-ecuador-protestas-lenin-moreno-civiles-muertos

[15]Cifra de arrestados por protestas en Ecuador sube a 477 personas: ministra Interior https://lta.reuters.com/articulo/ecuador-protestas-detenidos-idLTAKBN1WM1EJ-OUSLT